Las personas con discapacidad han de enfrentarse cada día a múltiples barreras y obstáculos físicos, sociales y de información, derivados de la propia organización de la sociedad que, en suma, impiden o limitan un disfrute pleno de sus derechos civiles, políticos, económicos y culturales.
La Ley 13/1982 de Integración Social de Minusválidos, vino a regular diferentes medidas, innovadoras en su momento, con las que dar una respuesta integral a las necesidades de las personas con discapacidad. En este sentido, comprende, entre otras, diversas previsiones en materia de movilidad y barreras arquitectónicas (arts. 54 a 61), enfocadas especialmente al desarrollo de normas urbanísticas y arquitectónicas que posibiliten la accesibilidad y utilización de edificios y otros espacios, ya sean de propiedad pública o privada, por las personas con discapacidad, así como a la adaptación progresiva de los transportes públicos colectivos o a la adopción de medidas que faciliten el estacionamiento de los vehículos de las personas con discapacidad con graves problemas de movilidad.
La LISMI se encontraría superada por nuevas circunstancias sociales, mostrándose, insuficiente para dar respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad, quienes reivindican el establecimiento de las condiciones que deben cumplir los entornos, productos y servicios para su uso por todas las personas, sin perjuicio de las adaptaciones oportunas.
En este sentido, la accesibilidad al entorno por parte de las personas con discapacidad vendría a configurarse como un principio transversal que afectaría a los siguientes campos:
- Empleo y ocupación
Condiciones de acceso al empleo -criterios de selección, contratación y promoción y condiciones de accesibilidad del entorno laboral y del puesto de trabajo.
- Sociedad de la Información
Telecomunicaciones, acceso y uso de la red, tecnologías, productos y servicios.
- Espacios urbanos y vivienda.
- Transporte.
- Bienes y servicios a disposición del público.