TRANSPORTE TERRESTRE
La Ley sobre Mejora de las Condiciones de Competencia y Seguridad en el Mercado de Transporte por Carretera, en vigor desde el 31 de octubre de 2003, establece, desde 2022, que las compañías dedicadas al transporte de viajeros por carretera podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre los 4.401 y los 6.000 euros por incumplimiento de la misma.
El responsable de la infracción será sancionado incluso en el supuesto de que no exista obligación de que el vehículo se encuentre especialmente adaptado para personas con discapacidad, siempre que en este caso, estas personas aporten los medios precisos para acceder y abandonar el vehículo e instalarse en una plaza ordinaria, contando ademas con diversos beneficios:
Asimismo, en los transportes de uso especial de escolares y de menores, la falta de plaza o asiento para cada menor, así como la inexistencia de plazas cercanas a las puertas de servicio que sean necesarias para personas de movilidad reducida, tendrá la misma consideración en el régimen sancionador.
La nueva normativa modifica la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1987, para adaptar la regulación del sector a los cambios que ha introducido su liberalización, mejorando los trabajos de inspección, la eficacia de las medidas sancionadoras y los aspectos relativos a la seguridad.